17-03-2009 | Gacetillas de Prensa MORALES CONTRA EL TARIFAZO | ||
| Presentó el caso de la energía de Tucumán en Audiencia Pública | ||
“Que los defensores del pueblo, defiendan al pueblo de este tarifazo y de los abusos del gobierno nacional”, instó el titular de la UCR, Gerardo Morales en la audiencia pública ante los recientes aumentos de las tarifas de los servicios públicos de electricidad y gas natural. El senador jujeño explicó la presentación conjunta hecha por el vicepresidente del Comité Nacional de la UCR y legislador tucumano, José Cano, atento a la convocatoria realizada por el diputado radical Pedro Azcoiti y la Defensoría del Pueblo de la Nación, lleva a cabo en la Cámara baja esta tarde, martes 17 de marzo. “Solicito que se siga de cerca y que la Defensoría analice presentarse como amicus cure en la causa”, pidió Morales sobre la medida cautelar otorgada que obliga a la empresa de energía de Tucumán, EDET, a suspender los aumentos de tarifas previstos en las resoluciones 1169/08 de la Secretaría de Energía de la Nación y la 475/08 (que da validez en la provincia a la resolución nacional), dictada por el Ente Provincial Regulador de Energía de Tucumán (Epret) el pasado 19 de febrero. Morales instó que la Defensoría del Pueblo de la Nación articule con las defensorías provinciales el seguimiento de la aplicación de la resolución 1169 de aumento del servicio eléctrico porque “se están produciendo excesos por parte de las distribuidoras en diversos puntos del país”, explicó. |
Propuesta contra el tarifazo en la electricidad
Ante la escalada en las tarifas de la luz eléctrica y el excesivo castigo que deben soportar los usuarios que han llegado a recibir facturas con más de 400 por ciento de aumento, crece el descontento de distintos sectores sociales de todo el país.
Innumerables reclamos se escucharon en los últimos tiempos contra el Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (PUREE), entre ellos el del Defensor del Pueblo de la Nación , Eduardo Mondino, de dirigentes políticos y de organizaciones de consumidores.
El PUREE fue concebido como un recurso para impulsar una baja en la demanda de electricidad, penalizando a quienes consumían por encima del 90 % de lo que gastaron en el mismo bimestre de 2003 y bonificando a quienes estaban por debajo de esa cantidad. La medida en la actualidad, alcanza a cerca de 25% de los hogares clientes de las distribuidoras de energía, Edenor, Edesur y Edelap.
El alza residencial fue anunciada en octubre pasado y se aplicará retroactivamente. De esta forma, la suba afecta a los que consuman más de 650 kw/h, siendo progresiva: comenzando en un 10%, llegando hasta un máximo de un 30%. El incremento promedio es de 21%. El incremento tarifario es del 10% para los que consuman entre 651 y 800 kw/h por bimestre; 15% para los que estén en la franja de entre 801 y 900 Kw/h; 20%, entre 901 y 1000 Kw/h; 25%, entre 1001 y 1200 Kw/h; y 30%, para los que consuman más de 1201 kw/h por bimestre.
Pese a todo este plan, los aumentos han provocado por ejemplo que lleguen facturas con subas entre 400 y 1000 por ciento. Esto provocó fuertes reclamos de los usuarios, incluso algunos fueron a la Justicia.
Un hecho auspicioso fue que a finales de enero pasado la Sala III Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, revocó un fallo de primera instancia, le reconoció legitimidad al Defensor de Pueblo para cuestionar la suba de tarifas propugnada por el Gobierno.
Los magistrados Jorge Argento, Carlos Manuel Grecco y Sergio Fernández dijeron que "la cuestión suscitada se relaciona con un aspecto sustancial de los derechos de los usuarios del servicio público de distribución de energía eléctrica, tal como es lo atinente al valor de las tarifas".
Y agregaron: "El tema ventilado en las presentes se corresponde, prima facie, con una de las materias que autoriza la legitimación procesal del Defensor del Pueblo de la Nación , por lo que corresponde hacer lugar a la apelación de la actora y revocar el pronunciamiento de grado".
Ya a mediados de febrero, la justicia federal de Tucumán suspendió los polémicos aumentos en las tarifas eléctricas dispuestos por el Estado Nacional y obligó a la empresa de energía provincial a devolver el excedente cobrado a más de 30 mil usuarios y refacturar el servicio según el cuadro tarifario anterior al incremento. La medida cautelar fue dictada con fecha 18 de febrero de 2009 por el Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán.
En ese marco, desde la UCR se presentó un proyecto de ley, cuya autora es la diputada por Capital, Silvana Giudici, para derogar esta “medida arbitraria, irracional e ilegal”.
En los fundamentos se explica que “la medida del incremento en el costo de la electricidad para los hogares que más consumen” y que iba destinado a evitar el desembolso de unos $ 120 millones anuales por parte del Estado.
La legisladora dice que “desde que se desató la crisis internacional y se produjo una previsible caída en los precios de las materias primas que genera nuestro país, con el aditamento de la limitación a la exportación de carnes, granos y productos lácteos, el mercado eléctrico argentino ha quedado expuesto a realidad anunciada”, y agrega que “hasta mediados de 2008 los subsidios estatales pudieron esconder esa crisis, pero hoy se produce un sinceramiento de tarifas, que durante muchos años fue imprudentemente ocultado”.
Además, subraya que “las nuevas tarifas que tantas quejas han despertado a nivel nacional, finalmente muestran el alto precio que pagan los países que descuidan el desarrollo de su infraestructura en generación de energía, atento a que todo bien escaso de alta demanda aumenta su precio”.
Para la diputada el alto impacto que tuvo este sistema en la sociedad “se debe a dos componentes de la factura: el Plan de Uso Racional de la Energía (PUREE) que sigue como modalidad de castigo y las altas tasas impositivas contenidas en las facturas” que han tenido subas entre el 60 por ciento (el cargo fijo) y entre 144 y 466 por ciento (el variable).
“La nefasta combinación de todo ello, sumada a una escasa cultura del ahorro energético, provocó que por ejemplo un usuario que consumió 164% más electricidad afronte una factura casi 1.100% más cara, llegando a $ 1.325” , continúa y destaca la inequidad de la medida ya que puede convertir en gran consumidor a un hogar que tiene poca presión de agua y debe usar una bomba durante muchas horas del día.
“Es dable advertir –indica en el proyecto- que los aumentos repercuten no solamente entre los usuarios industriales, comerciales, rurales, pequeñas y medianas empresas y residenciales, sino también en aquéllos usuarios de menores recursos”.
La libertad de prensa, en riesgo
Mientras otros gobiernos piensan en evitar consecuencias de la crisis global sobre la prensa y le asignan prioridad institucional dentro del sistema democrático, en la Argentina se agudiza la confrontación con los medios de comunicación
Mientras que la crisis mundial profundiza sus efectos todos los días, varios Estados acuden en auxilio de los medios de comunicación que, a raíz de la baja de lectores y la reducción del ingreso por venta de publicidad, han llegado a situaciones críticas.
Un ejemplo es el de Sarkozy, presidente de Francia, quien comprometió una ayuda de 600 millones de euros para la prensa escrita. Esta asistencia implica la reducción de los costos fiscales y la creación de un programa estatal destinado a financiar una suscripción gratuita para que todos los jóvenes franceses cuenten en sus casas con un diario hasta cumplir los 18 años. El presidente francés además resaltó la importancia de la prensa y defendió la legitimidad de la intervención del Estado sobre un sector que "emplea a más de 100 mil personas y es vital para la salud democrática del país".
En los Estados Unidos, foco de la tormenta financiera mundial, la situación de la prensa escrita comienza a ser grave. Se estima en quince mil los trabajadores del sector que fueron despedidos durante el 2008, mientras que los ingresos por publicidad disminuyeron un 18%. The New York Times hipotecó su sede en Manhattan para enfrentar la crisis; The Chicago Tribune y Los Angeles Times, por su parte, se declararon en quiebra.
Recientemente, uno de los diarios más importantes de España, El País, declaró su deuda de cinco mil millones de euros, como producto de "la mala temporada" para la prensa española y solicitó la intervención del gobierno para evitar que más periodistas -que "están amenazados de ser despedidos en las próximas semanas o meses"- terminen en la calle.
Estos ejemplos se extienden a muchos otros medios en distintos países. Durante la reunión del año pasado de la Asociación Mundial de Periódicos (WAN) realizada en Gotemburgo (Suecia), se informó que en los últimos años la tendencia a la baja en la venta de los periódicos en los Estados Unidos y algunos países europeos es alarmante. Este año los efectos de la crisis llegaron a la propia entidad, que por primera vez suspendió su asamblea prevista para mayo en la India. Esta realidad también se analiza en otros ámbitos internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa.
Mientras otros gobiernos piensan en evitar consecuencias colaterales sobre la prensa y le asignan una prioridad institucional dentro del sistema democrático, aquí la visión confrontativa sobre los medios se agudiza.
El conflicto desatado con los medios de comunicación llegó a niveles increíbles y las últimas noticias no son nada alentadoras.
Aunque en un fallo ejemplar de la Sala IV Cámara en lo Contencioso y Administrativo Federal condenó al Gobierno a restituir la publicidad oficial a la editorial Perfil, los manejos turbios en la distribución de la pauta siguen sin aclararse.
El Gobierno aumentó casi nueve veces, a 435 millones de pesos en 2008, los recursos de publicidad oficial que en 2003 eran de 46 millones, y el reparto muestra inequidades enormes entre los medios de línea editorial adicta y los medios cuya línea editorial es independiente o crítica.
A través de pautas engordadas que reciben los grupos "amigos" del Gobierno, empresarios sin tradición en los medios pueden adquirir nuevas licencias, por lo que se podría afirmar que asistimos a un proceso de "neomonopolización" oficialista de medios en la Argentina.
Colaboran también en esta estrategia empresas contratistas de esta administración que adquirieron Radio del Plata y despidieron al periodista Nelson Castro en un acto directo de censura. Sindicalistas aliados al kirchnerismo, por su parte, estrenaron frecuencias en AM, mientras otros siguen pujando por controlar el circuito de distribución de diarios y revistas.
Mientras tanto el COMFER sigue indiferente; las últimas auditorías realizadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) denuncian que el organismo no cuenta con base de datos, ni registros actualizados de los licenciatarios, no controla administrativamente las modificaciones del padrón ni las transferencias y además tiene sólo registrados 1.916 radiodifusores que realizan aportes fiscales cuando la AFIP lleva registrados 6.034.
En este marco la Presidenta volvió a anunciar el envío del proyecto de reforma de la ley de radiodifusión y aunque nada se conoce de su contenido suele presentarse como un ariete esgrimido contra los medios de comunicación.
De la misma manera que el Gobierno ha definido en el campo su peor enemigo, las políticas hacia la prensa, por acción y/u omisión, están destinadas a desarticular los medios independientes, callar todas las voces críticas y establecer un nuevo mapa de medios en la Argentina , un mapa oficialista. Legislar en materia de medios requiere un profundo respeto de las garantías constitucionales. El debate en torno a la radiodifusión no puede utilizarse sesgadamente, sancionar una nueva ley es una deuda de la democracia que sólo podrá pagarse si se establece para mejorar el sistema, no para dominarlo.
La crisis de los medios en el mundo no nos será ajena por mucho tiempo, como Johnny Yataco del Washington Hispanic señalaba en la 64ª Asamblea de la SIP : "Cuando llueve, todo el mundo se moja". Si lo que está en riesgo, además, es la libertad de expresión y de prensa, lo que se "moja" es la democracia.
Por: Silvana Giudici
Diputada Nacional, Presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión
Diario Clarín – 4 de marzo 2009.
La Justicia Federal freno el aumento de la luz
En la Siguiente URL pueden acceder al texto completo
http://docs.google.com/Doc
6/2/2009
Se reunieron en la sede partidaria de la UCR distrito Tucumán , el Senador Nacional Emilio Alberto Rached, por Stgo del Estero , el Dip. Nacional por Tucumán José Ignacio Garcia Hamilton, El Legislador Tucumano y Vicepresidente del Comite Nacional de la UCR, Jose Cano, con los interventores del Distrito y miembros de la Junta de Acción Política, para evaluar los acontecimientos que estan sucediendo en la Provincia, que afectan la paz social.
luego concurrieron a observar la protesta por el abusivo aumento de la Luz que Se realizó en Plaza Independencia.
Se reunió el dia 29/1/2009, los Interventores y la junta de acción politica de la UCR Tucumán para tratar los graves asuntos que se estan sucediendo en la provincia, que afectan la paz social.
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ES OTRA GRAN IRRESPONSABILIDAD K
