Propuesta contra el tarifazo en la electricidad

Propuesta contra el tarifazo en la electricidad



Ante la escalada en las tarifas de la luz eléctrica y el excesivo castigo que deben soportar los usuarios que han llegado a recibir facturas con más de 400 por ciento de aumento, crece el descontento de distintos sectores sociales de todo el país.

Innumerables reclamos se escucharon en los últimos tiempos contra el Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (PUREE), entre ellos el del Defensor del Pueblo de la Nación , Eduardo Mondino, de dirigentes políticos y de organizaciones de consumidores.

El PUREE fue concebido como un recurso para impulsar una baja en la demanda de electricidad, penalizando a quienes consumían por encima del 90 % de lo que gastaron en el mismo bimestre de 2003 y bonificando a quienes estaban por debajo de esa cantidad. La medida en la actualidad, alcanza a cerca de 25% de los hogares clientes de las distribuidoras de energía, Edenor, Edesur y Edelap.

El alza residencial fue anunciada en octubre pasado y se aplicará retroactivamente. De esta forma, la suba afecta a los que consuman más de 650 kw/h, siendo progresiva: comenzando en un 10%, llegando hasta un máximo de un 30%. El incremento promedio es de 21%. El incremento tarifario es del 10% para los que consuman entre 651 y 800 kw/h por bimestre; 15% para los que estén en la franja de entre 801 y 900 Kw/h; 20%, entre 901 y 1000 Kw/h; 25%, entre 1001 y 1200 Kw/h; y 30%, para los que consuman más de 1201 kw/h por bimestre.

Pese a todo este plan, los aumentos han provocado por ejemplo que lleguen facturas con subas entre 400 y 1000 por ciento. Esto provocó fuertes reclamos de los usuarios, incluso algunos fueron a la Justicia.

Un hecho auspicioso fue que a finales de enero pasado la Sala III Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, revocó un fallo de primera instancia, le reconoció legitimidad al Defensor de Pueblo para cuestionar la suba de tarifas propugnada por el Gobierno.

Los magistrados Jorge Argento, Carlos Manuel Grecco y Sergio Fernández dijeron que "la cuestión suscitada se relaciona con un aspecto sustancial de los derechos de los usuarios del servicio público de distribución de energía eléctrica, tal como es lo atinente al valor de las tarifas".

Y agregaron: "El tema ventilado en las presentes se corresponde, prima facie, con una de las materias que autoriza la legitimación procesal del Defensor del Pueblo de la Nación , por lo que corresponde hacer lugar a la apelación de la actora y revocar el pronunciamiento de grado".


Ya a mediados de febrero, la justicia federal de Tucumán suspendió los polémicos aumentos en las tarifas eléctricas dispuestos por el Estado Nacional y obligó a la empresa de energía provincial a devolver el excedente cobrado a más de 30 mil usuarios y refacturar el servicio según el cuadro tarifario anterior al incremento. La medida cautelar fue dictada con fecha 18 de febrero de 2009 por el Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán.


En ese marco, desde la UCR se presentó un proyecto de ley, cuya autora es la diputada por Capital, Silvana Giudici, para derogar esta “medida arbitraria, irracional e ilegal”.

En los fundamentos se explica que “la medida del incremento en el costo de la electricidad para los hogares que más consumen” y que iba destinado a evitar el desembolso de unos $ 120 millones anuales por parte del Estado.

La legisladora dice que “desde que se desató la crisis internacional y se produjo una previsible caída en los precios de las materias primas que genera nuestro país, con el aditamento de la limitación a la exportación de carnes, granos y productos lácteos, el mercado eléctrico argentino ha quedado expuesto a realidad anunciada”, y agrega que “hasta mediados de 2008 los subsidios estatales pudieron esconder esa crisis, pero hoy se produce un sinceramiento de tarifas, que durante muchos años fue imprudentemente ocultado”.

Además, subraya que “las nuevas tarifas que tantas quejas han despertado a nivel nacional, finalmente muestran el alto precio que pagan los países que descuidan el desarrollo de su infraestructura en generación de energía, atento a que todo bien escaso de alta demanda aumenta su precio”.

Para la diputada el alto impacto que tuvo este sistema en la sociedad “se debe a dos componentes de la factura: el Plan de Uso Racional de la Energía (PUREE) que sigue como modalidad de castigo y las altas tasas impositivas contenidas en las facturas” que han tenido subas entre el 60 por ciento (el cargo fijo) y entre 144 y 466 por ciento (el variable).

“La nefasta combinación de todo ello, sumada a una escasa cultura del ahorro energético, provocó que por ejemplo un usuario que consumió 164% más electricidad afronte una factura casi 1.100% más cara, llegando a $ 1.325” , continúa y destaca la inequidad de la medida ya que puede convertir en gran consumidor a un hogar que tiene poca presión de agua y debe usar una bomba durante muchas horas del día.


“Es dable advertir –indica en el proyecto- que los aumentos repercuten no solamente entre los usuarios industriales, comerciales, rurales, pequeñas y medianas empresas y residenciales, sino también en aquéllos usuarios de menores recursos”.